UGT ha trasladado a distintas formaciones políticas con presencia en Europa la necesidad de avanzar en criterios de calidad de servicios relacionados con la seguridad privada en España, que deben eliminar los criterios del bajo coste para avanzar en criterios de calidad y de mejora de las condiciones laborales del colectivo.
La Ley de Contratos del Sector Publico actualmente en vigor en España introduce algunos elementos que en su momento abordaban criterios de mejora tanto en la calidad de los servicios como las exigencias hacia las empresas que decidieran presentarse a los distintos concursos públicos ofertados por las distintas administraciones tanto en el ámbito estatal, autonómico y local. La prevalencia del convenio estatal, situar la oferta económica con una ponderación no superior a cuarenta y nueve puntos sobre el total de la adjudicación, eran elementos que introduce la Ley y que en principio debía impedir que empresas de mano de obra intensiva introdujeran elementos únicamente basados en la oferta más barata que normalmente es tanto como decir la que mayor precariedad conlleva para el colectivo de personas trabajadoras sujetos a servicios de subcontratación publica. Desde el Sindicato de Seguridad Privada de FESMC UGT se ha venido insistiendo en ámbitos próximos al Gobierno de la necesidad de avanzar hacia una contratación pública socialmente responsable que más allá de la propia Ley resuelva la problemática del sector basada en la oportunidad de un número importante de empresas que recortando precios resultan adjudicatarias de este tipo de servicios para posteriormente presentar concursos voluntarios dejando a miles de personas trabajadoras sin empleo con total impunidad jurídica. La seguridad privada en España juega un papel fundamental en cuanto a quedar dispuesta como elemento complementario a la seguridad pública y es obligación por parte del propio Gobierno y de las Administraciones Publicas garantizar una contratación de servicios basados en valor añadido y garantías de las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad y por lo tanto eliminar de sus contratos formulas, bolsas de horas gratuitas y otros elementos que al final conllevan a bajadas sistemáticas en sus precios de adjudicación y que desvirtúan la propia profesión.
En este sentido UGT ha elevado esta situación al Parlamento Europeo con la clara intención de analizar este tipo de situación que deben propiciar directivas y un amplio debate sobre dotar de garantías suficientes a la seguridad privada en el marco europeo así como en el conjunto de nuestro país. Desde el Sindicato se sigue insistiendo tanto en las mesas de negociación abiertas con el propio Gobierno como en constantes conversaciones con las distintas administraciones publicas competentes en la materia, que la subcontratación de servicios de personas trabajadoras en general y de seguridad privada en especial no puede seguir siendo utilizada como elemento de ahorro de costes por parte de la Administración.
