La contratación de servicios de seguridad privada por parte de las administraciones públicas en España carece de criterios objetivos de calidad dejando la adjudicación a las ofertas económicas más bajas que obedecen a las menos garantistas para las condiciones laborales del colectivo de personas trabajadoras.
El Sindicato
Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT vuelve a insistir en la necesidad de
abordar un cambio de modelo en cuanto a la contratación de servicios de
seguridad por parte de las administraciones públicas, donde el Gobierno sigue
sin reaccionar convirtiéndose en cómplice necesario de la degradación de una
actividad esencial y que merece en sus adjudicaciones una mayor calidad en la
prestación de sus servicios.
En recientes
fechas el Gobierno Autónomo de Ceuta viene sustituyendo en los CETI personal de
seguridad privada por otro tipo de personas trabajadoras que por Ley no están
legitimadas para ejercer ningún tipo de actividad relacionada con la seguridad
en este tipo de instalaciones. Con ello, responsables políticos en
Ceuta vuelven a demostrar su incapacidad en materia de seguridad, así como una
clara falta de respeto a la labor realizada por personal de seguridad privada
en los centros de acogida durante la crisis sanitaria que conllevó un mayor
esfuerzo por parte de los vigilantes.
UGT
plantea movilizaciones en Ceuta que se extenderán en el conjunto del territorio
nacional si el Gobierno sigue insistiendo en precarizar una actividad
complementaria por Ley a la seguridad ciudadana y que merece una mayor voluntad
política que establezca criterios suficientes de calidad de servicios y por ende
estabilidad en el empleo y en sus condiciones laborales.
