El Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT califica como lamentable la pasividad del propio Gobierno, así como de las administraciones públicas en un nuevo caso donde una empresa de seguridad con un número importante de contratos públicos adjudicados únicamente sobre la oferta más barata, vuelve a dejar a los vigilantes sin abonar las nóminas y cerca de la exclusión social.
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